En un debate celebrado en Madrid
La comunidad creativa plantea las necesidades del sector cultural a los principales partidos
“Nos sentimos acorralados y denostados, la cultura y la propiedad intelectual están desprotegidas, estamos fuera de Europa respecto a la protección y la fiscalidad, se pierden 30.000 empleos directos por culpa de la piratería…”, resumió Nacho García Vega, músico autor e intérprete. La importancia del desaguisado se ve claramente, denunció García Vega, en la práctica desaparición de los programas asistenciales a socios y de formación de futuros profesionales que gracias a la copia privada desarrollaban las entidades de gestión.
El debate La papeleta de la cultura, organizado el 20 de junio en Madrid por Adepi, de la que es miembro AIE, y el diario El mundo, permitió confrontrar los problemas de la comunidad creativa española con las propuestas electorales para el sector cultural de los principales partidos, y sirvió sobre todo para constatar que la Secretaría de Estado de Cultura está satisfecha de su gestión y a juicio de su máximo responsable lo que no funciona es por culpa de otros.
Pilar Benito (productora), Amparo Climent (actriz y pintora), Daniel Fernández (editor), Arcadi Espada (escritor) y Nacho García Vega (autor e intérprete), en representación de la comunidad creativa, constataron que el secretario de Estado de Cultura en funciones, José María Lassalle (PP), insiste en quedarse completamente solo en la defensa de su gestión, enfrentado tanto al sector cultural como a los principales partidos, que estuvieron representados por Iban García del Blanco (PSOE), Eduardo Maura (Unidos Podemos) y Marta Rivera (Ciudadanos).
“El Estado solo maneja el 18 % del total de inversiones en el sector cultural en España”; “aunque no haya Ley de Mecenazgo los incentivos fiscales vinculados a la cultura han crecido mucho”; “el Tribunal de Luxemburgo ha confirmado que la copia privada se puede cargar a los Presupuestos Generales del Estado”; o “para luchar más eficazmente contra la piratería son necesarios más categorías de funcionarios y no es Cultura quien puede nombrarlos”: la retahíla de justificaciones que utilizó José María Lassalle frente a los hechos expuestos por los demás participantes evidenció una vez más tanto su profunda soledad, frente al sector cultural y frente al resto de fuerzas políticas, como su voluntad de mantenerla.
“El sistema cultural está destruido”
“Nos sentimos acorralados y denostados, la cultura y la propiedad intelectual están desprotegidas, estamos fuera de Europa respecto a la protección y la fiscalidad, se pierden 30.000 empleos directos por culpa de la piratería…”, resumió Nacho García Vega, músico autor e intérprete. En ese contexto, Arcadi Espada hilvanó la reflexión más general: “El sistema cultural está destruido. Puede que sea una destrucción creativa, que haya una síntesis que nos permita rehacerlo, pero, en este momento, el tejido creativo se ha quebrado, principalmente por dos razones: la facilidad obscena de réplica digital de los productos culturales y la desaparición de los intermediarios”.
“Es necesario recuperar un Ministerio de Cultura independiente de otras áreas; de lo contrario, la Cultura no tiene un sillón en el Consejo de Ministros y eso se nota, porque supeditada a Educación queda en un segundo plano”, señaló Marta Rivera. “En España no hay modelo cultural, y esta legislatura debe permitir construir un modelo transversal, no solo político, también social, un acuerdo que vaya más allá de un pacto de Estado, incluyendo a todos los actores implicados”, detalló Eduardo Maura. Ibán García de Blanco abundó: “Hemos quemado la biblioteca de Alejandría y ahora habrá que reconstruirla”.
Sin embargo, José María Lassalle aseguró que desde un punto de vista técnico un Ministerio de Cultura no es necesario: “No podemos olvidar que el Ministerio solo gestiona el 18 % de todo el dinero que se destina a la cultura en España, el resto está en manos de las Comunidades Autónomas en un 32 % y de los ayuntamientos en un 50 %”, señaló el secretario de Estado.
Pero no se puede obviar un grave problema, explicó Rivera: “Se creó la especie de que los artistas viven de las subvenciones. Como si no hubiera subvenciones en otros sectores”. “Además, hay quien considera absolutamente normal la vulneración de los derechos de autor. El 87 % de los contenidos consumidos en internet son pirateados y a nadie le importa”, lamentó la candidata a diputada de C’s, que, de paso, recordó que algunos representantes de Podemos han relativizado la gravedad del problema: “Propusimos promover el respeto a la propiedad intelectual en las escuelas y Podemos nos acusó de adoctrinamiento”.
Iban García del Blanco recordó que la Ley de Educación para la Ciudadanía, derogada por el Gobierno del PP, cumplía esa tarea educativa: “Ha habido un discurso muy agresivo de la derecha contra el sector cultural porque se dio por hecho que era de izquierdas. Se ha creado una brecha que va a ser muy difícil cerrar”.
“Ha habido un voluntad explícita de debilitar la propiedad intelectual”
Fue en el tramo del debate que abordó de forma más directa la necesidad de proteger la cultura y promover el respeto a la propiedad intelectual donde más clara se mostró la soledad del representante del PP: “Ha habido un voluntad explícita de debilitar la propiedad intelectual”, lamentó Nacho García Vega.
“Yo publiqué una novela hace unos meses. Al día siguiente de llegar a las librerías, busqué en internet por su título y las tres primeras páginas de resultados eran de sitios para descargarla ilegalmente. ¿Saben qué hice entonces? Nada. Porque no iba a servir de nada, cuando me hicieran caso pasados los meses ya no tendría sentido retirar esos enlaces”, contó Marta Rivera de la Cruz. “La piratería es un gravísimo problema y el Gobierno pese a cuestionar el Observatorio de piratería de la Coalición de creadores no ofrece datos concretos ni estudio alguno sobre su extensión”, le recriminó Espada.
Ante tales reproches, Lassalle explicó, como si de un éxito se tratase, que la Audiencia Nacional ha cerrado ya siete webs de piratería. Y para demostrar que la piratería retrocede aludió al índice Alexa, como si fuese un indicador fiable pese a que objetivamente no lo es. Enseguida el resto de participantes le recordó que mientras España cierra siete webs de piratería en Portugal e Italia ya hay centenares de sitios bloqueados: “Nos dan sopa con ondas”, afirmó Marta Rivera. Al final, tuvo que reconocer el secretario de Estado que, “pese al coste social”, si en un año no hay mejores resultados contra la piratería el nuevo Gobierno deberá impulsar con mayor convicción el modelo administrativo por encima del legislativo-judicial.
Más evidente aún fue la soledad de la Secretaría de Estado, tanto políticamente como frente al sector cultural, cuando se abordó la reciente sentencia sobre la copia privada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La sentencia, que ha determinado que es ilegal el modelo impuesto por el Gobierno del PP -que carga el importe de la compensación a los Presupuestos Generales del Estado-, obligará una vez se pronuncie el Supremo a cambiar el sistema (“Y lo sabes”, espetó Espada a Lassalle).
Lassalle alegó que la derrota judicial era relativa, porque el Tribunal de Luxemburgo establece en la sentencia que la copia privada puede efectivamente cargarse a los PGE. Eludió explicar que eso en España es actualmente imposible y exigiría una reforma constitucional, por lo que sus argumentos relativizando el varapalo no encontraron comprensión: “Me sorprende tu tranquilidad, José María”, dijo Rivera de la Cruz. “Nos ha dejado en un limbo jurídico”, le reprochó Eduardo Maura. “Por mucho que lo nieguen, habrá un perjuicio para el Estado por responsabilidad patrimonial. Y tendremos que pagarlo entre todos”, añadió Ibán García del Blanco.
“Las entidades de gestión merecen un trato no discriminatorio”
La importancia del desaguisado se ve claramente, denunció Nacho García Vega, en la práctica desaparición de los programas asistenciales a socios y de formación de futuros profesionales que gracias a la copia privada desarrollaban las entidades de gestión. “Después de las elecciones hay que sentarse con las entidades y consensuar una solución justa y equitativa al problema de la copia privada”, apostilló Rivera.
En este punto, recordó Espada que las entidades de gestión, ahora que tras la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual están bajo la lupa y son (“Como en la práctica ya lo eran”) absolutamente transparentes, merecen un trato no discriminatorio y que el Gobierno no favorezca a los grandes grupos de usuarios, cada vez más concentrados en el mercado, que explotan económicamente los contenidos culturales.
