Un derecho necesario

Al margen del romántico resurgir del vinilo o de las ventas testimoniales de CDs, el gran público está encantado con poder acceder a las canciones de cualquier artista, estilo, territorio o época con tan solo empezar a teclear un título en el móvil.

Si le preguntas a representantes de la industria discográfica o de las plataformas si las cifras actuales y las previsiones de consumo de música online satisfacen sus pretensiones económicas, te dirán que sí.

Y hasta aquí lo que podríamos llamar la cara A del streaming, la cara del éxito, el crecimiento y la bonanza económica. La cara B de este negocio es más sombría e insostenible y es la realidad de una inmensa mayoría de artistas de todo el mundo cuyos pírricos ingresos por la explotación de sus grabaciones les obliga más que nunca a depender exclusivamente del directo.

Que nadie piense que ésta es solo la opinión derrotista de un artista cuyos mejores tiempos ya pasaron o la de una joven promesa que intenta hacerse hueco en el mercado con su música autoproducida y/o autoeditada. Muchas de las estrellas rutilantes del momento, con cifras de escuchas millonarias en Spotify, Apple Music, etc… también consideran insuficientes los royalties que perciben por su cuantificado éxito en las plataformas.

Para la inmensa clase media de artistas profesionales, grabar canciones o álbumes ya no es un negocio; como mucho servirá para mantener viva una imagen profesional o alimentar una saludable actividad en directo.

El debate sobre la escasa remuneración a artistas y autores/as en el ámbito digital lleva años sobre la mesa y continua a día de hoy, cuando todavía algunos países de la UE se afanan por terminar de trasponer la Directiva de propiedad intelectual aprobada en 2019.

El artículo 18 de esta Directiva otorga a artistas y autores/as el derecho a percibir “una remuneración apropiada y proporcionada” por el uso real de sus obras en las plataformas, pero pocos son los países que hasta ahora han tenido el coraje o la visión de futuro de convertir ese enunciado en un mecanismo efectivo de remuneración, es decir, en un inalienable e intransferible derecho de remuneración.

Afortunadamente en España esta cuestión se dirimió hace años en los despachos y en los juzgados y actualmente las grandes plataformas dedican una moderada parte de sus ingresos a remunerarnos a través de las sociedades de gestión.

Es importante dejar claro que este derecho de remuneración en ningún caso sustituye al derecho exclusivo que cedemos a las compañías cuando firmamos un contrato discográfico, y que permite a éstas licenciar sus catálogos a las plataformas. En nuestro país, además de los royalties que las compañías están obligadas a declararnos por las ventas, incluido el streaming, las y los artistas tenemos un ingreso adicional gestionado por AIE que se ajusta al principio de proporcionalidad por uso que pretendía le citado artículo 18.

El derecho de remuneración no hace rico al artista pobre, pero desbloquea una fuente de ingresos que puede llegar a ser significativa si este derecho se implanta de forma mayoritaria en los grandes mercados y los acuerdos de reciprocidad entre sociedades de distintos países se ejercitan a pleno rendimiento y de forma equilibrada, como sucede con el derecho de comunicación pública.

En un ámbito digital que durante años ha dejado de lado los intereses de la comunidad artística, el derecho de remuneración no solo es necesario, es el balón de oxigeno que puede dar sostenibilidad a un mercado cuyas reglas fueron dictadas con nocturnidad por las grandes corporaciones tecnológicas y discográficas.

Y así lo han entendido por ejemplo en Bélgica, donde el jueves pasado anunciaban la implantación de un sistema idéntico al español. El derecho de remuneración por todos los tipos de explotación online ha dejado de ser una rareza legislativa española para convertirse en un modelo realista a la europea.

¡Vive la Belgique! ¡Lang leve Belgïe!

Abrazos,

Nacho García Vega

Presidente de IAO